Plantas de celulosa y papel: el debate pendiente

En el mes de agosto, fue presentado en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de presupuestos mínimos para la instalación de plantas de celulosa y papel.  Conversamos sobre esta iniciativa con una de las responsables de la propuesta, la doctora María Cristina Area, investigadora del CONICET, profesora de la Universidad Nacional de Misiones y miembro de la Fundación Ambiente y Desarrollo.

 

Finalmente, después de años de conflictos, variados discursos políticos, cortes de ruta y hasta real tensión con nuestros hermanos uruguayos, la Argentina ha decidido mirar hacia adentro y plantear un debate pendiente. ¿Qué queremos de nuestra industria forestal? ¿Es factible desarrollar fábricas de celulosa y papel con un bajo impacto ambiental? ¿Cuál es la realidad de las plantas en funcionamiento? ¿Estamos en condiciones de utilizar las llamadas “tecnologías limpias”? ¿Qué marco legal permitiría desarrollar esta industria de manera sustentable?

Sobre la base de estos interrogantes, la doctora María Cristina Area, de la Fundación Ambiente y Desarrollo, elaboró este proyecto de ley, que tiene en cuenta dos aspectos: por un lado, la modernización de las fábricas existentes; y por otro, la necesidad de llevar tranquilidad a la sociedad ante la posibilidad de la instalación de fábricas nuevas, ya que después de pasar grandes problemas económicos durante los 90, la industria empezó a reponerse en la última década. “Pese a ello, y a excepción de las grandes empresas que han realizado importantes inversiones en los últimos años, las fábricas son, en general, antiguas”, afirma la doctora Area, directora del Programa de Celulosa y Papel de la Universidad Nacional de Misiones, en referencia a las aproximadamente cien fábricas de papel y nueve de pulpa celulósica que actualmente funcionan en la Argentina.

LEGISLACIÓN ACTUAL

En la mayoría de los países productores de pulpa celulósica y papel, existen normas que regulan el sector y la realidad indica que esta industria viene respondiendo vertiginosamente a las demandas ambientales de la sociedad. Desde el año 2000 se ha trabajado mucho a nivel internacional, en la investigación y aplicación de modificaciones a procesos existentes, y el desarrollo de nuevos procesos, cada vez más compatibles con el medio ambiente. La doctora Area explica que en septiembre de 1996 la Comunidad Europea aprobó lo que se conoce como la Directiva sobre Prevención y Control Integrado de la Contaminación (IPPC, Integrated Pollution Prevention and Control), que establece medidas para evitar o reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera, el agua y el suelo de las actividades industriales. “La Directiva IPPC sirvió como elemento unificador para el tratamiento de todos los procesos que generan algún tipo de contaminación, obligando a ciertas instalaciones a estar registradas y a obtener el permiso oportuno para realizar su actividad productiva”, sostiene. Esta nueva estrategia de gestión ambiental sostenible se caracteriza por tener una visión integradora del medioambiente, que da prioridad a la prevención, estableciendo valores límites de emisión y definiendo las llamadas “Mejores Técnicas Disponibles” (MTD, Best Available Techniques). Al respecto, la investigadora expresa que estas técnicas identifican la última etapa de desarrollo disponible -conocida como “estado del arte”- de las instalaciones, procesos o métodos de operación, que indican la adecuación práctica de un proceso u operación particular para limitar las descargas, considerando a su vez la viabilidad económica del control de la contaminación, los tiempos límites de aplicación y la naturaleza y los volúmenes de las descargas. La Directiva aprobada por la Comunidad Europea establece además “los niveles permisibles de los diferentes compuestos que estas fábricas pueden emitir al agua (efluentes líquidos), al aire (efluentes gaseosos) y a la tierra (residuos sólidos), que garantizan la sostenibilidad de los recursos. Es así que desde el año 2001, la industria de pulpa y papel europea se maneja con el compromiso internacional de cumplir dichas pautas, y limitar sus emisiones a los niveles permitidos”.

Consultada acerca de cuál es la situación de la legislación nacional, la especialista advierte que “si bien la Ley General del Ambiente establece un marco de presupuestos mínimos, al tratarse de una República Federal, nuestro país presenta la particularidad de que sus recursos naturales son administrados y protegidos por las provincias. Por consiguiente, la legislación no es homogénea y las leyes que rigen la relación entre la industria y el ambiente muestran una gran disparidad de criterios”.

PROYECTO DE LEY

Presentado recientemente por los diputados correntinos José Arbo y Lucio Aspiazu, el proyecto denominado “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el Desarrollo Sostenible de la Industria de la Pulpa Celulósica y el Papel” fija pautas, procedimientos y exigencias para los procesos industriales de la celulosa y el papel. “Este proyecto de ley, que viene a llenar un vacío legal existente en el cuerpo normativo ambiental de nuestro país, se basa en los principios de las MTD, pero adaptados a la realidad argentina”, advierte.

Entre sus principales objetivos, se destacan la protección ambiental y de los recursos naturales; la promoción industrial con las mejores tecnologías disponibles que permitan la prevención y control de la contaminación del agua, suelo y aire; la promoción de un consumo racional del papel y de su reciclado; y el desarrollo de criterios de responsabilidad social empresaria por parte del sector.

POTENCIAL ARGENTINO

Argentina tiene un potencial enorme. Según las últimas cifras, la superficie de bosques implantados en nuestro país asciende a 1,2 millones de hectáreas, de las cuales 800.000 se reparten entre las provincias de Misiones y Corrientes. “El 90% de la madera empleada por la industria forestal a nivel nacional proviene de bosques cultivados. Corrientes cuenta en este momento con materia prima suficiente para abastecer una fábrica de gran escala. Más allá de las malas políticas y los múltiples inconvenientes relacionados con el sector en los últimos años, están dadas las condiciones para multiplicar la producción de pulpa y papel y hacerlo de una manera sostenible”.

Refiriéndose al impacto que podría tener el desarrollo de esta industria sobre los bosques nativos -un tema especialmente sensible y preocupante, ya que se trata de un recurso que proporciona múltiples servicios (madera, leña, etc.), además de proteger la biodiversidad, evitar la erosión y regular el ciclo hidrológico, entre otros-, la doctora Area es clara: “Los bosques industriales no constituyen una amenaza global a los bosques naturales. En Argentina, la fabricación de pulpa celulósica se basa en plantaciones forestales o en el uso de residuos (bagazo). En estos momentos, según estudios realizados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el primer factor de riesgo sobre los bosques nativos es la producción de biomasa para energía, seguido por la expansión de la frontera agrícola”. Y agrega que, aunque la industria forestal se convirtió en algún momento en un blanco conveniente para las demandas de los consumidores y las ambiciones de algunos políticos, referidas al ambiente “existen pautas claras para asegurar una materia prima sostenible como el ordenamiento territorial, la gestión forestal sostenible (GFS), la certificación forestal, el clúster forestal y el moderno concepto de biorrefinería, lo que ha dado lugar a cambios en el sistema de producción”.

HERRAMIENTAS DE SUSTENTABILIDAD

Un correcto ordenamiento territorial es fundamental para establecer un adecuado uso de la tierra, brindándoles a los forestadores la seguridad de que las plantaciones se realizan en áreas permitidas y, a la sociedad, la tranquilidad acerca de su sostenibilidad.

Cuando se habla de “gestión forestal sostenible”, se hace referencia a la administración y uso de bosques y tierras forestales de un modo y a una velocidad que “mantenga su biodiversidad, capacidad de regeneración y potencial para cumplir, ahora y en el futuro, las funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes, a nivel local, nacional y global, sin causar daño a otros ecosistemas”, detalla. A su vez, la certificación forestal es el proceso por el cual una organización independiente provee garantías de que un producto o servicio cumple con ciertos requerimientos ambientales. “Este instrumento le garantiza y demuestra al consumidor que la madera u otro producto forestal procede de un bosque gestionado de manera responsable y sostenible”.

El clúster forestal es una agrupación de empresas fuertemente interrelacionadas en un espacio geográfico concreto y que desarrollan sus actividades, de manera principal o complementaria, en torno a una materia prima, producto o servicio. “Esta metodología se ha mostrado extremadamente potente para analizar las complejas interrelaciones que se producen entre las actividades empresariales que operan en torno a un producto o una materia prima y permite que afloren las posibles ineficiencias a lo largo de toda la cadena. Esto garantiza el aprovechamiento integral del árbol”, expone la especialista.

Por último, la doctora Area explica el concepto de industria integrada, conocido como biorrefinería forestal: “Una biorrefinería es una estructura que integra procesos de producción de combustibles y productos químicos a partir de biomasa (plásticos, energía, etanol, biogás, carbón, otros combustibles). Esto permite el uso eficiente de las materias primas y los procesos, integrando la generación de energía con la fabricación de una amplia gama de productos de alto valor agregado, lo que generará una nueva cadena de valor ambiental y económicamente sostenible. El concepto de biorrefinería forestal es análogo al de refinerías de petróleo, pero a partir de materias primas lignocelulósicas”.

LA REGIÓN

Definitivamente, las empresas forestales están invirtiendo en el cono sur de América Latina, probablemente debido, entre otras causas, a la disponibilidad de tierras y de agua y a las favorables condiciones climáticas. Existen organizaciones ambientalistas que consideran que las nuevas plantas instaladas no son más que el inicio de una avanzada más amplia a nivel regional. Acerca de este concepto, la especialista es terminante: “No estoy de acuerdo, para nada, con la expresión. Esto no es una guerra, por lo cual es totalmente errado pensar en una ‘avanzada’. Hablamos de inversiones, de desarrollo sostenible del país. Este último concepto involucra un triángulo que tiene como vértices el desarrollo social, el desarrollo económico y el cuidado ambiental, en equilibrio y retroalimentación permanente. La industria, que en el siglo pasado se manejó, más que nada, sobre la base del desarrollo económico, debió asimilar el cambio de paradigma, y actualmente deberá constituirse en un pilar de bienestar integral para la población”.

-¿Puede considerarse esta región una zona de expansión de la industria del papel en términos de materia prima?

-Por supuesto. Los países del hemisferio norte no pueden competir con nosotros en términos de crecimiento forestal. Estamos hablando, por ejemplo, de eucaliptos con rotaciones de 7 años y crecimientos de 40 m3/ha/año, en comparación con abedules que se cortan a los 35 años, con rendimientos medios de 5 de m3/ha/año. Algo similar sucede con nuestros pinos en comparación con sus abetos. Esta es una de las principales razones por la cual se están cerrando fábricas de pulpa en Finlandia y Canadá, y se están instalando en Uruguay, Brasil y otros países sudamericanos.

-¿Sería aconsejable establecer un protocolo ambiental para toda la región?

-En el marco de los procesos de integración regional, la movilidad del capital y el aumento en las corrientes de inversión en todo el mundo han creado nuevos problemas y también nuevas oportunidades para alcanzar el desarrollo sustentable. De esta forma, los conceptos desarrollo sustentable e integración regional se insertan en una coyuntura donde la temática de la globalización y sus tendencias les ha dado una nueva dimensión a los problemas de orden medioambiental, sea por consecuencias de las economías de mercado o por la explotación de los recursos naturales a lo largo de los años. Por lo tanto, el crecimiento de la industria de celulosa y papel puede ser un impulsor clave para el crecimiento y el desarrollo de los países del Mercosur de forma sustentable, al incitar a la reflexión sobre la elaboración de políticas ambientales sectoriales a nivel regional. A su vez, la consolidación del sistema de reglamentación ambiental en el bloque podría evitar posibles conflictos socioambientales que dificultaran el proceso de integración.